El caso pone en evidencia que los antecedentes de un docente no siempre llegan a las autoridades escolares que lo contratan, y que una acusación previa no impidió que siguiera en contacto con menores. Las grabaciones que se le atribuyen agregan una dimensión de material que deberá investigarse y que pone a las familias ante una situación de enorme vulnerabilidad. Cada nueva denuncia de este tipo obliga a revisar cómo se controlan los antecedentes en los colegios de la región.