Cuando el jefe de Estado de una potencia europea responsabiliza a las plataformas por la violencia callejera, la discusión sobre moderación de contenidos deja de ser técnica y pasa a ser de orden público. Lo que se pone en juego es quién decide qué circula y con qué límites, algo que afecta a cualquiera que use una red para informarse o para organizarse. Gobiernos de distintos signos ya están mirando este caso como antecedente.