Cuando un presidente anticipa públicamente que una protesta será de alto riesgo, el Estado se prepara para una respuesta de seguridad y la movilización gana centralidad en la agenda nacional. Lo que se juega es si el conflicto se canaliza en la calle con costos acotados o si escala hacia enfrentamientos que dejen heridos y detenidos. La advertencia misma ya empuja el debate hacia el orden público.