Los disturbios del 17 de octubre dejaron destrozos y saqueos en varias ciudades, y el señalamiento apunta a que la coordinación de esas acciones pasó por canales digitales. Si el Gobierno avanza con controles más estrictos sobre las plataformas, la discusión deja de ser solo sobre contenidos y pasa a ser sobre quién regula el espacio donde se organiza la protesta. Lo que está en juego es cuánto margen tienen los ciudadanos para convocarse sin que el Estado intervenga en esa convocatoria.