Cuando una dirigente opositora afirma ser perseguida, la discusión pasa por la independencia de la justicia y por el derecho de defensa, temas que dividen a la política ecuatoriana. El resultado de este proceso puede definir la posibilidad de competir en elecciones futuras y el equilibrio entre el oficialismo y la oposición. Lo que se juega excede el caso individual y toca la confianza en las instituciones que deciden sobre candidaturas y acusaciones.