Un pago de US$150.000 por un vuelo y un intermediario en Florida convierten una salida política en una operación con dinero de origen incierto, algo que las autoridades deben explicar. Si el Gobierno no facilitó el traslado, queda por saber quién lo hizo y con qué permisos. Lo que está en juego es la transparencia de los vuelos privados que atraviesan la frontera sin controles visibles.