Una ley de facultades legislativas le permite al Ejecutivo dictar normas con fuerza de ley durante un plazo determinado, por lo que cualquier error en la versión final puede alterar su alcance. Que la corrección se haga por fe de erratas y no por una nueva votación acelera el trámite, pero también deja en manos de los funcionarios la interpretación de lo que el Congreso realmente aprobó. En Perú, donde el Parlamento y el Ejecutivo se enfrentan seguido, cada detalle de forma puede convertirse en una disputa de fondo.