Si se confirma la coordinación, la investigación dejaría de tratar los saqueos como hechos aislados de jóvenes y pasaría a examinar quién organiza y financia la convocatoria desde las redes. Eso cambia la responsabilidad penal, porque los difusores podrían responder por algo más que compartir un mensaje. Para las familias de los chicos involucrados, la pregunta clave es quién los empujó a salir a la calle y cuánto de esa decisión fue realmente suya.