Los 36.000 euros en mobiliario urbano recaen sobre el presupuesto municipal, es decir, sobre los impuestos de los vecinos que pagan reparaciones que no pidieron. Cada banco, semáforo o contenedor roto demora el mantenimiento de otras partes de la ciudad. El costo económico se suma al desgaste de la convivencia en los barrios afectados.