Los centros de datos que sostienen la inteligencia artificial consumen cantidades enormes de energía, y el costo llega a la factura de los hogares de cientos de condados. Cuando la tecnología empieza a pagarse con la luz de los vecinos, la discusión deja de ser solo económica y pasa a ser sobre quién carga con los costos ambientales y sociales. Ese reparto va a decidir qué regulaciones se aprueban en los próximos años.