Con la muerte de uno de los sospechosos fuera de cualquier proceso judicial, el caso deja de ser solo una investigación penal y se transforma en un episodio de violencia colectiva. Las autoridades quedan obligadas a aclarar quiénes participaron y si los detenidos restantes podrán llegar a juicio con sus garantías intactas. Lo que está en juego es si la justicia por mano propia gana terreno en comunidades donde el Estado llega tarde.