Un pedido de juicio político contra un juez del Supremo Tribunal Federal en pleno calendario electoral pone a prueba la independencia del Poder Judicial frente a la disputa por el resultado. La medida judicial que se cuestiona afecta a millones de votantes que dependen de que la jornada electoral funcione con reglas claras. Si los tribunales empiezan a ser blanco de destituciones por sus fallos, cada resolución sobre el proceso de votación pasa a leerse como una toma de partido. En juego queda la confianza en que el conteo de votos no depende de quién gana la disputa del momento.