Cuando una protesta suma nuevos sectores y reivindicaciones al mismo tiempo, el conflicto deja de ser puntual y pasa a disputar la agenda política nacional. Los actos de vandalismo suelen modificar la respuesta del Estado y la percepción pública, lo que puede endurecer posiciones de ambos lados. Lo que está en juego es si la escalada se encauza en negociaciones o si el conflicto se prolonga con costos económicos y sociales para las ciudades involucradas.