Los 520 buques identificados operan en aguas que son del país, y sin datos oficiales ni los ciudadanos ni los gobiernos pueden saber quién captura, cuánto y dónde. La plataforma pone en evidencia una brecha de transparencia que deja sin control a un recurso que sostiene empleo en puertos patagónicos y el stock de especies migratorias. Publicar estos datos es el primer paso para que cualquier política de pesca se discuta con información.