La iniciativa castiga penalmente conceptos como la manipulación de la opinión pública, que no tienen una definición legal precisa, y eso deja en manos de quien gobierna la decisión sobre qué información circula. Para un periodista, la diferencia entre informar y quedar expuesto a una causa penal depende de cómo se interprete una frase vaga. Cuando el Estado puede decidir qué es falso sin reglas claras, todos los medios quedan bajo sospecha, incluso los que publican sin errores. La discusión ya no es solo sobre la prensa: es sobre cuánto margen le queda al ciudadano para enterarse de lo que pasa.