El fallo fija que la administración puede sancionar con un 30% los documentos tributarios irregulares sin que la medida sea anulada por inconstitucional, lo que da un respaldo jurídico a las herramientas de control fiscal. Para contribuyentes y contadores, el criterio aumenta el costo de cometer errores formales en la facturación. La discusión sobre la proporción de la multa queda así cerrada en esta instancia.