El operativo confirma que el transporte público de Salvador fue utilizado en plena disputa electoral, y que su reducción afectó a miles de personas en el día de la votación. Cuando una decisión administrativa puede alterar el acceso de los ciudadanos a las urnas, la pregunta deja de ser técnica y pasa a ser institucional. Para los vecinos de la ciudad, el costo se mide en tiempo, plata y en la posibilidad real de llegar a votar. Lo que está en juego es si el Estado puede moverse con la misma discrecionalidad que un partido.