Un condenado que debía cumplir 30 años sin posibilidad de conmutación estaba en la calle, y eso expone un agujero en el control de las salidas penitenciarias. La orden que lo habilitó sin respuesta clara deja abierta la pregunta sobre quién decidió y con qué fundamento. Para el sistema judicial guatemalteco, el caso no es solo la muerte de una persona sino la demostración de que una condena firme puede perder efecto por un trámite.