Si la sospecha se confirma, el expresidente quedaría fuera del alcance de la Justicia brasileña mientras enfrenta causas por su gestión y el intento de desconocer resultados electorales. El control fronterizo y el cerco a su casa muestran que el Estado ya trata el caso como una cuestión de seguridad nacional. Lo que pase en las próximas horas definirá si la ley se aplica igual para todos los exjefes de Estado.