El caso muestra que las cámaras instaladas en el hogar pueden servir como prueba cuando un adulto mayor queda al cuidado de otra persona. Muchas familias que contratan cuidadores no tienen forma de saber qué ocurre dentro de la casa durante la jornada. Lo que está en juego es el control que una familia puede ejercer sobre quien atiende a sus mayores y qué resguardos ofrece el sistema judicial cuando el abuso se confirma.