El conflicto deja ver dos lecturas del mismo fenómeno: para las empresas, el problema es la falta de control, y para los sindicatos, es el recorte del derecho a protestar. Lo que se decida en los próximos días va a definir cuánto margen tiene el Estado francés para restringir la movilización sin erosionar las libertades que tradicionalmente sostienen el debate social en el país.