El pedido de la ONU pone en el centro de la agenda hondureña el costo que pueden tener las políticas de mano dura sobre las libertades de la población. Cuando un organismo internacional marca límites a una estrategia de seguridad, el gobierno queda obligado a justificar cada medida frente a sus compromisos firmados. Lo que está en juego es si la respuesta al crimen puede sostenerse sin erosionar las garantías de quienes viven en los barrios más expuestos.