Desde 2022 los ataques a plantas de calefacción y líneas de alta tensión dejaron a millones de ucranianos sin luz ni calor durante inviernos enteros, con hospitales, escuelas y edificios residenciales afectados. Que la comisión lo encuadre como crimen de guerra cambia el marco jurídico: deja de ser un daño colateral de la guerra y pasa a ser una conducta sujeta a responsabilidad penal internacional. Lo que se pone en juego es cuánto puede tolerar una población civil antes de que el frío se vuelva una forma de castigo colectivo.