Una ley estatal de California pasa a regular qué información puede reclamar a un trabajador informal una agencia federal de inmigración. Lo que se resguarda son datos personales de quienes viven de vender en la calle, un grupo que suele quedar afuera de cualquier registro formal. El cambio muestra que la protección frente a controles migratorios puede construirse desde los estados, aunque la aplicación de las leyes federales siga siendo el punto de conflicto. Para quien trabaja sin papeles de comercio, saber qué le pueden pedir y qué no ya es una forma de defender su trabajo.