Al reunir en un mismo organismo la redacción de iniciativas del Ejecutivo y la publicación oficial de normas, el control sobre qué se propone y qué se conoce como vigente queda en manos de una sola estructura. Esto reduce los contrapesos que suelen existir entre quien redacta y quien difunde. Lo que se juega es cuánto margen queda para que otros poderes o la ciudadanía verifiquen el proceso legislativo.