El sobreseimiento cierra, por ahora, la línea de la estafa, pero deja abierta la pregunta sobre qué papel tuvo el Estado en el lanzamiento de un token que se desplomó y perjudicó a inversores minoristas. Para quienes compraron el activo, la discusión ya no es si hubo engaño sino quién responde por las pérdidas. El expediente muestra un vínculo entre la política y el mundo cripto que no desaparece con el archivo de la causa. La resolución define el marco legal de futuros casos con criptoactivos promovidos desde el poder.