Al cerrarse la causa para los principales nombres del Gobierno, el caso pasa a depender de si otras instancias revisan la resolución o si aparecen nuevos elementos. Para los inversores que compraron el token, la falta de responsables penales deja sin un camino judicial claro para reclamar lo perdido. Lo que se pone en juego es hasta dónde llega la responsabilidad de quienes promovieron activos digitales desde el poder y cuánto puede esperar el público de un proceso que tardó en avanzar.