El criterio judicial separa la figura pública del presidente de la del economista que opina en redes, y esa distinción determina si un mensaje compromete o no al Estado. Para quien sigue el caso, el precedente marca hasta dónde llega la responsabilidad de un funcionario por lo que publica en su perfil personal. La discusión que queda abierta es si esa frontera se sostiene cuando el tuit influye en el movimiento de dinero de miles de personas.