Una orden judicial para entregar el pasaporte es, en la práctica, un pedido de confianza: el Estado le dice a una persona que no se vaya y espera que la documentación llegue a sus manos. Cuando esa documentación no aparece, la frontera pasa a ser lo único que separa una causa abierta de una causa sin acusado. Eso es lo que se discute hoy alrededor de Flávio Bolsonaro, senador con dos causas judiciales y mandato hasta el 31 de enero de 2027, que no entregó sus pasaportes cuando se los pidieron.

Hasta ahora, lo concreto es poco y conviene dejarlo así. Migraciones controló un avión privado en Iguazú y constató que no había ningún plan de vuelo que incluyera a la familia Bolsonaro, y en la Argentina no hay registro de su ingreso. Brasil reforzó los controles de frontera y la Justicia le prohibió salir del país. Una sospecha no es un hecho, y hasta que no haya pruebas, lo que existe es una investigación, no una fuga.

Pero la pregunta de fondo ya quedó planteada, y es nuestra tanto como de ellos. Puerto Iguazú es un punto donde tres países se tocan, con un movimiento enorme de gente, de cargas y de aeronaves chicas que despegan con planes de vuelo que casi nadie mira dos veces. Un aeropuerto de frontera funciona bien mientras nadie lo pone a prueba, y los controles que alcanzan para el turista no siempre alcanzan para quien tiene motivos para no ser visto.

Ahí aparece lo que perdura de esta historia. Las justicias de dos países pueden tener las mejores intenciones, pero si no hablan en tiempo real, un investigado que cruza una frontera gana horas, y a veces las horas alcanzan. La cooperación entre Estados no se mide en los acuerdos firmados sino en la rapidez con que un aviso de un lado llega a la ventanilla del otro. Esa es la vara con la que habrá que medir este caso, termine como termine.