La suspensión deja al organismo en un limbo jurídico: sus trabajadores, programas de investigación y convenios con industrias dependen ahora de lo que resuelva el expediente. Si la cautelar se mantiene, el Gobierno deberá justificar por vía judicial cada paso del desmantelamiento. Del otro lado, el tiempo que gane el INTI es también el tiempo que decide cuántos laboratorios y equipos sobreviven. Lo que se resuelva acá marca cuánto pesa la ciencia pública frente a la reducción del Estado.