El decomiso de bienes y sociedades muestra que la causa pasó del expediente provincial al ámbito federal, con un alcance patrimonial que excede a una sola persona. Para los acusados, el avance implica que el dinero y las empresas ya no pueden usarse con libertad mientras dure el proceso. La medida también marca un antes y un después en cómo se rastrean los bienes de figuras del sindicalismo en la región.