La orden de retener pasaportes apunta a una persona con cargo legislativo y deja sin explicación pública dónde estuvo. La ausencia de registro de entrada oficial plantea preguntas sobre cómo se mueve un senador entre dos países y qué controles existen para hacerlo. El caso pone a prueba la capacidad de la Justicia de cada lado para seguir a un investigado que cruza fronteras.