El fallo cierra, por ahora, la línea penal contra el presidente y su hermana por la promoción de un activo que terminó en pérdidas para inversores particulares. Queda abierta la discusión sobre quiénes se beneficiaron y sobre cómo se regulan este tipo de criptoactivos en el país. Si la Cámara revisa la decisión, el expediente podría volver a poner el caso en el centro del debate político.