La vivienda, heredada por dos hermanos, pasó a manos de quien se aprovechó de la vulnerabilidad del otro por una suma muy inferior a su valor. La anulación confirma que una firma ante escribano no alcanza para blindar una operación cuando hay una persona con discapacidad de por medio y una desigualdad evidente en la negociación. Casos así muestran cuánto dependen las personas con discapacidad de que su familia y la Justicia controlen los actos que las afectan, y cuán tarde suele llegar esa protección.