La cancelación de una obra de Federico García Lorca reabrió el debate sobre la programación de espacios públicos en comunidades gobernadas por partidos distintos. Cuando una decisión administrativa se vincula con la censura, la explicación oficial pasa a ser tan relevante como el propio corte de la función. Para los artistas y las compañías que dependen de subsidios regionales, la falta de criterios públicos y claros deja abierta la sospecha sobre futuras programaciones.