Si la Junta Nacional de Justicia logra una tercera destitución, el caso de Espinoza dejaría de ser un conflicto puntual y pasaría a definir quién controla la fiscalía peruana. Lo que está en juego es la independencia del Ministerio Público frente a los órganos que lo supervisan, y el precedente que deje para cualquier fiscal que investigue a poderosos. Cómo termine el proceso marcará el margen de maniobra de la institución en los próximos años.