La deuda impuesta funciona como una cadena que impide a las víctimas salir de la explotación, aunque hayan llegado con la expectativa de un trabajo legal. Los 22 casos identificados muestran que la red operaba en varias provincias y se apoyaba en la vulnerabilidad de mujeres migrantes lejos de sus familias. Detrás de cada cifra hay un proceso de captación engañosa que empieza mucho antes de que alguien note la situación.