El secuestro de seis teléfonos apunta a reconstruir quién pagó qué en las campañas vinculadas a Cepeda y Corcho, y el resultado puede determinar si hay responsabilidades penales por aportes irregulares. La medida avanza sobre comunicaciones internas que suelen revelar acuerdos y circuitos de financiamiento que no figuran en los registros oficiales. Según cómo se analicen esos datos, la causa podría ampliarse a otros actores del espacio político.