El protocolo fija cómo deben actuar las fiscalías ante una denuncia de desaparición, un punto clave porque en los primeros días suele definirse si una búsqueda avanza o se pierde. Los colectivos reclaman que el texto deje de ser un documento y se convierta en investigaciones concretas, con plazos y resultados medibles. Para las familias que esperan noticias, la diferencia entre el papel y la práctica se mide en cuerpos encontrados y casos resueltos. Lo que está en juego es si el Estado puede responder al ritmo de una búsqueda que no admite demoras.