Cuando una empresa privada logra que el Estado la acompañe en la recolección de material genético, el proyecto deja de ser una idea de laboratorio y pasa a tener respaldo oficial. Eso significa que las decisiones sobre qué animales se estudian y qué biotecnología se usa para protegerlos empiezan a depender de intereses privados que muchas veces no se discuten en público. Para un país con tanta biodiversidad como el nuestro, conviene preguntarse quién decide qué naturaleza vale la pena rescatar.