Cuando una organización de control social debe suspender actividades públicas por amenazas, se reduce el espacio para la participación ciudadana en la discusión de asuntos públicos. Las medidas de protección adoptadas, como limitar los desplazamientos de sus integrantes, muestran el costo personal y operativo que implica sostener este tipo de trabajo. Lo que está en juego es si el monitoreo y la presión sobre quienes fiscalizan terminan imponiendo silencio antes que cualquier resolución judicial.