El procesamiento obliga al exlegislador a defenderse en una causa penal mientras su nombre sigue asociado a la política nacional. La apelación puede demorar la definición del caso por meses, y el resultado dirá si la acusación de lavado se sostiene en una instancia superior. Lo que está en juego es la credibilidad de la investigación y el tiempo que el proceso tarda en cerrarse, algo que pesa tanto sobre el acusado como sobre quienes esperan una respuesta judicial.