La decisión deja en manos de la Justicia una discusión que hasta ahora se daba en el terreno político: cuánto deben aportar la Nación y la Provincia para sostener el transporte en el Conurbano. Si la demanda prospera, el monto que se reclama impactará en las cuentas bonaerenses y en la tarifa que pagan millones de usuarios. Los 60 días son el primer plazo concreto para ver cómo se defiende el Estado nacional.