La decisión deja las causas repartidas y mantiene sin revisión externa las cuentas de la asociación que organiza el fútbol argentino. Para los acusados significa perder el juzgado que buscaban y seguir con los procesos separados en distintas instancias. Los clubes, los socios y los hinchas que financian el sistema quedan sin un control de balances que hubiera permitido seguir el dinero en detalle. Cuando una institución que maneja recursos enormes queda fuera de la fiscalización, el problema no es solo judicial: se vuelve una cuestión de confianza.