Una caída de un tercio en la inversión ambiental y la falta de avances verificables en casi el sesenta por ciento de los departamentos con planes climáticos significan que los compromisos existen más en el papel que en el terreno. Las consecuencias recaen en la capacidad de respuesta frente a inundaciones, sequías y otros eventos extremos que afectan a las mismas comunidades que no ven ejecutadas esas obras. Lo que se pone en juego es cuánto del costo de la falta de planificación termina pagando el vecino.