Mientras los 60 procedimientos anunciados en septiembre siguen sin resolución, las empresas que operan en el archipiélago no tienen un marco sancionatorio definido. La discusión sobre el Consejo de Seguridad Nacional y el control parlamentario determinará quién decide y quién supervisa esas penalidades. Lo que está en juego es la efectividad de una política que hasta ahora se anunció con más fuerza que su aplicación.