El archivo cierra, por ahora, la vía judicial para investigar el uso de fondos públicos en los viajes presidenciales. Queda en pie el debate político sobre los límites entre la agenda oficial y los compromisos personales o partidarios de un funcionario. Para los contribuyentes, el criterio que fije la justicia sobre qué gastos son legítimos define cuánto control real tienen sobre el dinero del Estado.