El acuerdo es uno de los mayores que una diócesis estadounidense haya cerrado por abusos, con un piso de 250.000 dólares por persona afectada. Establece una cifra concreta para la reparación de daños que se arrastraron durante décadas y que muchas víctimas nunca vieron reconocidos. La institución queda obligada a pagar en un proceso que, según el acuerdo, pone fin a un largo ciclo de litigios.