El caso pone en juego el acceso de la prensa a las conferencias oficiales de la Cancillería, donde el criterio para admitir o excluir a un cronista no siempre está explicitado. Si la exclusión se vuelve una práctica habitual, el resultado es que cada cobertura queda sujeta a quién decide la lista de invitados. Lo que se discute ya no es solo el caso puntual, sino qué información llega al público y por qué canales.