La decisión deja la permanencia de la acampada atada a una respuesta institucional concreta en materia de vivienda, y eso convierte el reclamo en una cuestión de plazos y compromisos del Estado. Con cerca de 2.000 tiendas, el desmontaje no será inmediato y exigirá coordinación entre quienes siguen en la plaza. Lo que se pone en juego es la capacidad de las instituciones para dar una respuesta que los acampantes consideren suficiente. Mientras no haya una solución verificable, la plaza seguirá siendo el lugar donde se mide quién tiene la última palabra sobre el acceso a la vivienda.